En un giro legal significativo, Aguakan, la empresa concesionaria de agua potable en el norte de Quintana Roo, ha obtenido una suspensión definitiva del decreto 195 aprobado por el Congreso de Quintana Roo. Este decreto cancelaba la concesión del servicio que la empresa ha operado desde 1990. La medida permite a Aguakan continuar brindando servicios en Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Puerto Morelos e Isla Mujeres hasta la resolución final del juicio.
Una consulta pública reveló el desacuerdo de la población con la continuidad de la concesión, lo que llevó al Congreso de Quintana Roo a aprobar el decreto 195 en diciembre pasado.
Sin embargo, un juez suspendió este decreto, otorgando a Aguakan la posibilidad de seguir operando mientras se resuelve el juicio de fondo.
El decreto 195, aprobado en diciembre de 2023, declaró que el contrato de agua potable otorgado a Aguakan en 1990 había expirado el 31 de diciembre de 2023.
Este decreto anuló una ampliación anticipada de la concesión concedida en 2014 por el entonces gobernador Roberto Borge, actualmente en prisión, que extendía la concesión hasta 2053.
Aguakan impugnó el decreto y logró una suspensión provisional, que fue ratificada como definitiva por el Juzgado Octavo de Distrito el 22 de enero.
El gobierno de Quintana Roo presentó una impugnación argumentando que la ampliación de contrato realizada por el exgobernador Borge en 2014 estuvo viciada de origen.
Al no tener éxito en esta impugnación, el gobierno estatal denunció a Aguakan ante la Fiscalía General de la República por presunto fraude procesal.
Se alega que la empresa utilizó argumentos falsos durante el juicio de amparo, acusando al Congreso de no tener facultades para derogar un contrato autorizado por el gobierno estatal y municipal.
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