Acuerdo para la creación de la Conferencia Nacional Contra la Trata de Personas


La Décimo Tercera Legislatura del Congreso de Quintana Roo firmó el Acuerdo de Creación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, al que se sumaron otros 15 congresos locales del país, informó el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, diputado Manuel Aguilar Ortega.

Durante la instalación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas, que tuvo lugar en el Senado de la República, y a la que también asistieron las diputadas Leslie Baeza Soto y Patricia Sánchez Carrillo, sus integrantes coincidieron en la necesidad de armonizar las leyes locales con las federales y los tratados internacionales en materia de trata de personas, con el objetivo de hacer eficaz el combate a ese delito.

La instalación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas fue encabezada por el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva.

Entre los puntos del Acuerdo destaca el de dar seguimiento a las políticas públicas instrumentadas por los distintos órdenes de gobierno, a efecto de asegurar que cumplan con su objetivo de hacer frente a la trata de personas.

Aguilar Ortega, coincidió en que para hacer efectivo el objetivo de la Conferencia se requiere de la armonización del sistema jurídignificas con el de la Federación, por ello la importancia de la presencia de legisladoras y legisladores de difentes estados del país.

Durante el evento, Aguilar Ortega hizo entrega de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo a la senadora panista Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado de la República.

Aguilar Ortega, detalló que como conclusiones de la jornada de mesas de trabajo desarrolladas este 22 de abril en el Senado de la República, se habló de la certificación de albergues, refugios y estancias para la atención y asistencia de víctimas, así como diseñar mecanismos de protección, asistencia médica y psicológica, acceso a una justicia plena y resarcitoria, además de capacitación a los servidores públicos que atienden esta problemática.

Aguilar Ortega, reiteró que estas acciones son acordes a las políticas del Ejecutivo estatal para combatir la Trata de Personas, al reconocer el trabajo de la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo Mariana Zorrilla de Borge, con la campaña Corazón Azul, por mencionar un ejemplo.

La diputada Patricia Sánchez Carrillo se integró a la Comisión de Justicia, mientras que la diputada Leslie Baeza Soto hizo lo propio en la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Seguimiento de Asuntos Internacionales y Monitoreo de Movimientos Migratorios. En tanto que el diputado Manuel Aguilar Ortega se unió a los trabajos de la Comisión de Impulso Presupuestario y Políticas Públicas.

La Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, tiene como finalidad armonizar el marco jurídico estatal en materia

de trata de personas, con las reformas aprobadas en junio de 2012 a nivel federal. Una de las impulsoras de esta ley, es la diputada con licencia, Yolanda Garmendia Hernández, quien también asistió a la instalación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas.

Como aspectos centrales, la iniciativa propone: abrogar la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas que se encuentra vigente desde 2010; para armonizarla con la ley federal y a su vez, hacer más funcional el Comité de carácter permanente (instalado en 2011) cuyo objeto es el de promover, proponer y concertar acciones que prevengan, combatan y procuren la sanción de la trata de personas en el Estado de Quintana Roo.

También se busca definir de manera amplia los delitos de trata de personas, como: explotación, corrupción de menores, pornografía, turismo sexual infantil, utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal, y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

Cabe señalar que la Mesa Directiva de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, es presidida por la senadora Adriana Dávila Fernández, mientras que la senadora Margarita Flores Sánchez y la diputada Leticia López Landeros fungirán como vicecoordinadoras.

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