La ley fija dosis para diferentes drogas que pueden ser transportadas legalmente. Y diferencia al consumidor del traficante.
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D. F.
La noticia pasó casi inadvertida, centrada la atención en la epidemia de influenza, pero desde el jueves pasado tener droga para consumo personal en México ya no es delito. La Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas, adiciones y derogaciones la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, popularmente llamada ley contra el narcomenudeo, que contempla dosis individuales no sujetas a acción penal. Sin embargo, vender aún es ilegal.
Esta nueva legislación fija una tabla de portación máxima de drogas para “su estricto e inmediato consumo personal”, que incluye cinco gramos de marihuana, 500 miligramos de cocaína, 50 miligramos de heroína, 0,015 miligramos de LSD y 40 gramos de metaanfetaminas.
Básicamente, esta ley reconoce que el consumidor y el criminal no pueden ser, en principio, la misma figura jurídica. De paso, elimina la rehabilitación obligatoria para consumidores no farmacodependientes, que antes era la única forma de evadir la pena de prisión. También introduce el concepto de reducción de riesgos y daños, y, por sobre todas las cosas, respeta los legítimos derechos de numerosos pueblos y culturas de México a los usos rituales de plantas mágicas.
Beneficiarios de ello serán, por ejemplo, los huicholes, una comunidad que vive entre los estados de Nayarit, Colima y Jalisco, que cada año atraviesan el desierto hasta llegar a un pueblo fantasma: Real de Catorce, en el estado de San Luis Potosí. Ahí cosechan peyote, un cactus silvestre con propiedades alucinógenas, considerada una deidad que forma parte de su propia trilogía, junto con el dios venado y el dios maíz. Luego de un largo ayuno, consumen decenas de peyotes y realizan un ritual en el que se les aparece Jícuri, quien les dicta normal morales de conducta que deberán seguir el resto de su vida.
Como estaba la legislación anterior, esta práctica era penada con cárcel, y aunque se toleraba a trasmano, no faltaban aquellos que eran arrestados. Si uno les pregunta a los huicholes qué es el peyote, contestan: “Para ti es droga, para mí es Dios”.
La reforma delega en las entidades federativas buena parte de la lucha contra las drogas, al menos en lo que toca al narcomenudeo. Sin embargo, la queja de la oposición es que los estados y municipios no cuentan con presupuesto, infraestructura y capacitación suficiente. También se cuestiona que se va a atacar el suministro y la comercialización, pero no la producción, el transporte y el tráfico.
Según diputados del Partido Nueva Alianza, que hace unas semanas promovieron un debate sobre la despenalización total de la marihuana, la pobreza y la desigualdad son la antesala del narcomenudeo y esta ley podría fomentar la corrupción policial y la violencia, ya que elevará el costo de protección que cada distribuidor tendrá que pagar para permanecer en la vía pública.
Y explican: de un promedio anual de 13 mil 333 personas capturadas por delitos contra la salud –como se denomina al narcotráfico–, 98 por ciento son distribuidores al menudeo. El resto son líderes de los carteles financieros, lugartenientes, sicarios y funcionarios involucrados con el crimen organizado.
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D. F.
La noticia pasó casi inadvertida, centrada la atención en la epidemia de influenza, pero desde el jueves pasado tener droga para consumo personal en México ya no es delito. La Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas, adiciones y derogaciones la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, popularmente llamada ley contra el narcomenudeo, que contempla dosis individuales no sujetas a acción penal. Sin embargo, vender aún es ilegal.
Esta nueva legislación fija una tabla de portación máxima de drogas para “su estricto e inmediato consumo personal”, que incluye cinco gramos de marihuana, 500 miligramos de cocaína, 50 miligramos de heroína, 0,015 miligramos de LSD y 40 gramos de metaanfetaminas.
Básicamente, esta ley reconoce que el consumidor y el criminal no pueden ser, en principio, la misma figura jurídica. De paso, elimina la rehabilitación obligatoria para consumidores no farmacodependientes, que antes era la única forma de evadir la pena de prisión. También introduce el concepto de reducción de riesgos y daños, y, por sobre todas las cosas, respeta los legítimos derechos de numerosos pueblos y culturas de México a los usos rituales de plantas mágicas.
Beneficiarios de ello serán, por ejemplo, los huicholes, una comunidad que vive entre los estados de Nayarit, Colima y Jalisco, que cada año atraviesan el desierto hasta llegar a un pueblo fantasma: Real de Catorce, en el estado de San Luis Potosí. Ahí cosechan peyote, un cactus silvestre con propiedades alucinógenas, considerada una deidad que forma parte de su propia trilogía, junto con el dios venado y el dios maíz. Luego de un largo ayuno, consumen decenas de peyotes y realizan un ritual en el que se les aparece Jícuri, quien les dicta normal morales de conducta que deberán seguir el resto de su vida.
Como estaba la legislación anterior, esta práctica era penada con cárcel, y aunque se toleraba a trasmano, no faltaban aquellos que eran arrestados. Si uno les pregunta a los huicholes qué es el peyote, contestan: “Para ti es droga, para mí es Dios”.
La reforma delega en las entidades federativas buena parte de la lucha contra las drogas, al menos en lo que toca al narcomenudeo. Sin embargo, la queja de la oposición es que los estados y municipios no cuentan con presupuesto, infraestructura y capacitación suficiente. También se cuestiona que se va a atacar el suministro y la comercialización, pero no la producción, el transporte y el tráfico.
Según diputados del Partido Nueva Alianza, que hace unas semanas promovieron un debate sobre la despenalización total de la marihuana, la pobreza y la desigualdad son la antesala del narcomenudeo y esta ley podría fomentar la corrupción policial y la violencia, ya que elevará el costo de protección que cada distribuidor tendrá que pagar para permanecer en la vía pública.
Y explican: de un promedio anual de 13 mil 333 personas capturadas por delitos contra la salud –como se denomina al narcotráfico–, 98 por ciento son distribuidores al menudeo. El resto son líderes de los carteles financieros, lugartenientes, sicarios y funcionarios involucrados con el crimen organizado.
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